Cuando la redacción obedece al consejo de administración: conflictos de interés en los medios de comunicación hispanos

En el verano de 2019, un equipo de periodistas de un importante diario español trabajaba en una investigación sobre irregularidades en la concesión de licencias de telecomunicaciones que afectaba directamente a uno de los principales accionistas del grupo editor. La historia nunca se publicó. Según testimonios recogidos por Romerin Noticias —cuyos informantes pidieron mantener el anonimato por razones profesionales obvias—, el reportaje fue «aparcado» por la dirección sin explicación formal. Los periodistas implicados lo calificaron, en privado, como una decisión que venía «de arriba».

Este tipo de episodios, difíciles de documentar por su propia naturaleza, constituyen sin embargo una realidad reconocida en los entornos periodísticos de España y América Latina. La autocensura editorial —la decisión de no publicar antes de que nadie lo prohíba explícitamente— es quizá la forma más extendida y menos visible de interferencia en la libertad de prensa.

La propiedad mediática como mapa del poder

Para entender los límites de la cobertura periodística en el mundo hispanohablante, conviene examinar quién posee los medios de comunicación más influyentes. En España, los grandes grupos mediáticos mantienen relaciones financieras estrechas con la banca, con empresas de construcción e infraestructuras y con operadores de telecomunicaciones. Varios de estos grupos han recibido publicidad institucional de administraciones públicas en volúmenes que los convierten, parcialmente, en dependientes del favor gubernamental.

En México, los dos principales grupos televisivos —Televisa y TV Azteca— construyeron sus imperios empresariales bajo el amparo de concesiones públicas otorgadas durante décadas de gobierno del PRI, lo que generó una relación simbiótica entre poder político y poder mediático que no desapareció con la alternancia. En Argentina, el debate sobre la concentración mediática alcanzó rango de política de Estado durante el gobierno de Cristina Fernández, aunque los analistas señalan que el problema persistió bajo distintas formas en las administraciones posteriores.

En Colombia, Venezuela, Chile y Perú, el patrón se repite con variantes locales: los dueños de los medios más influyentes son simultáneamente actores relevantes en sectores como la minería, la energía, las finanzas o la construcción, todos ellos altamente dependientes de decisiones regulatorias gubernamentales.

El tema que desaparece de la agenda

La forma más habitual de interferencia editorial no consiste en órdenes directas sino en omisiones sistemáticas. Un medio cuyos propietarios tienen intereses en el sector energético no necesita prohibir la cobertura de los abusos de las eléctricas: basta con que esa cobertura nunca sea prioritaria, nunca reciba los recursos de investigación necesarios y nunca aparezca en portada cuando hay otras noticias disponibles.

La investigadora colombiana Catalina Botero, exrelatora especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, ha señalado en varias ocasiones que la principal amenaza para el periodismo en América Latina ya no es la censura gubernamental directa, sino «la captura económica de los medios por parte de élites empresariales y políticas que utilizan la información como instrumento de poder».

En España, el Informe Anual de la Profesión Periodística elaborado por la Asociación de la Prensa de Madrid ha recogido en sus ediciones recientes porcentajes crecientes de periodistas que afirman haber recibido presiones para modificar o suprimir informaciones. En la mayoría de los casos, la presión no proviene del Gobierno sino de los propios mandos intermedios de las redacciones, que actúan anticipando los deseos de la propiedad.

Publicidad institucional: el mecanismo de control más eficaz

Entre los instrumentos de presión sobre los medios de comunicación, la publicidad institucional ocupa un lugar destacado por su eficacia y por la dificultad de perseguirla legalmente. En España, los gobiernos autonómicos y municipales distribuyen anualmente decenas de millones de euros en publicidad entre medios de comunicación locales y regionales, sin que existan criterios objetivos de distribución ni mecanismos de control independiente.

Esta dependencia convierte a muchos medios locales y regionales en actores cuidadosos a la hora de criticar a la administración que financia parte de sus ingresos. No hace falta ninguna llamada telefónica amenazante: la lógica económica produce por sí sola el efecto deseado.

En América Latina, el fenómeno adquiere dimensiones más graves. En países como Honduras, Guatemala o Bolivia, organizaciones de defensa de la libertad de prensa han documentado cómo la retirada de publicidad oficial ha sido utilizada de forma explícita como represalia contra medios que publicaron informaciones incómodas para los gobiernos.

Periodistas atrapados entre dos lealtades

En el interior de las redacciones, los profesionales que trabajan en medios con propietarios políticamente implicados viven una tensión constante. Muchos han desarrollado estrategias de adaptación: evitar ciertos temas, enmarcar las informaciones de determinada manera, seleccionar fuentes que ofrezcan ángulos menos comprometedores para los intereses de la empresa.

Esta adaptación no siempre es consciente ni deliberada. La cultura organizacional de una redacción transmite con el tiempo qué tipo de periodismo es bienvenido y cuál genera fricciones. Los periodistas que aprenden a moverse dentro de esos límites progresan; los que los desafían, con frecuencia, encuentran obstáculos en su carrera o terminan migrando a medios más pequeños o digitales.

El periodismo digital independiente ha surgido en parte como respuesta a esta dinámica. En España, medios como eldiario.es, infoLibre o El Confidencial han construido modelos editoriales basados en la independencia de la propiedad respecto de los poderes económicos convencionales. En América Latina, iniciativas como Animal Político en México, La Silla Vacía en Colombia o CIPER en Chile han demostrado que el periodismo de investigación riguroso es posible cuando la estructura de propiedad no genera conflictos de interés estructurales.

Lo que el lector puede hacer

Antes de consumir información, conviene preguntarse quién es el propietario del medio que la produce y qué otros intereses económicos gestiona ese propietario. Los registros mercantiles, las memorias anuales de los grupos mediáticos y las bases de datos de contratos públicos son herramientas accesibles que permiten trazar el mapa de los posibles conflictos de interés.

La diversificación de fuentes, el apoyo económico a medios independientes y la exigencia de transparencia sobre la propiedad mediática son, en última instancia, formas de ejercicio ciudadano tan relevantes como el voto. La calidad de la democracia depende, en parte, de la calidad de la información disponible para ejercerla.