El rastro de las promesas: qué quedó de los compromisos electorales en España y Portugal entre 2020 y 2025

Hay una frase que los asesores de comunicación política conocen bien: «Una promesa electoral no es un contrato». Con esa coartada retórica se han justificado, durante décadas, los incumplimientos sistemáticos que separan los programas electorales de la acción de gobierno. Pero los ciudadanos recuerdan. Y en un periodo marcado por crisis económicas, pandemias y convulsiones institucionales, la distancia entre lo prometido y lo ejecutado ha alcanzado proporciones que merecen un análisis riguroso.

Este reportaje examina cincuenta compromisos concretos —con cifras, plazos y destinatarios identificables— formulados por los principales partidos de España y Portugal durante sus respectivas campañas electorales entre 2020 y 2025, y evalúa su grado de cumplimiento a día de hoy.

Metodología: cómo se rastrearon los compromisos

Para elaborar este análisis, el equipo de Romerin Noticias revisó los programas electorales oficiales de los partidos con representación parlamentaria en ambos países, así como las declaraciones públicas de sus líderes durante las campañas. Se seleccionaron únicamente aquellos compromisos que cumplían tres criterios: eran cuantificables o tenían un plazo explícito, hacían referencia a una política pública concreta y habían sido comunicados activamente en medios de comunicación durante la campaña.

Para evaluar su cumplimiento, se consultaron los boletines oficiales, los informes de ejecución presupuestaria, los datos de organismos independientes como el Banco de España, el Instituto Nacional de Estadística o el equivalente portugués (INE), y declaraciones de los propios gobiernos.

El resultado se clasificó en tres categorías: cumplido, parcialmente cumplido e incumplido.

España: el peso de las coaliciones y las excusas institucionales

De los treinta compromisos españoles analizados, correspondientes a los principales partidos con presencia en el Congreso de los Diputados, solo once pueden considerarse cumplidos de forma sustancial. Dieciséis han sido parcialmente implementados —con recortes en la ambición original, retrasos significativos o cambios en los beneficiarios previstos— y tres han sido abandonados sin explicación pública suficiente.

Entre los incumplimientos más llamativos figura la promesa de reducir las listas de espera sanitarias a niveles prepandémicos antes de 2023, formulada por el partido en el gobierno durante la campaña de 2019 y reiterada en 2023. Según los datos del Ministerio de Sanidad, el número de pacientes en lista de espera quirúrgica no solo no disminuyó, sino que en varias comunidades autónomas aumentó respecto a los niveles de 2019.

Otro caso relevante es el compromiso de aprobar una ley de vivienda que limitara los precios del alquiler antes de 2022. La norma finalmente se aprobó en 2023, con un retraso de más de un año respecto al plazo prometido y con un alcance geográfico más limitado del anunciado inicialmente.

En el extremo opuesto, el incremento del salario mínimo interprofesional es uno de los compromisos que sí se cumplió con mayor fidelidad al enunciado original, lo que demuestra que no todos los incumplimientos son inevitables ni estructurales.

Portugal: estabilidad gubernamental, promesas a medio gas

El caso portugués ofrece un contraste interesante. La mayor estabilidad política que ha caracterizado a Portugal en los últimos años —con gobiernos de mayoría absoluta o con apoyos parlamentares sólidos— no se ha traducido necesariamente en un mayor índice de cumplimiento electoral.

De los veinte compromisos portugueses analizados, ocho se consideran cumplidos, nueve parcialmente cumplidos y tres incumplidos. El porcentaje de cumplimiento es ligeramente superior al español, pero la calidad del cumplimiento —es decir, la fidelidad al compromiso original en términos de alcance, plazo y financiación— es similar.

La promesa de reducir la tasa de pobreza infantil al 10 por ciento antes de 2024 es uno de los compromisos portugueses que más debate ha generado. Aunque se adoptaron medidas en esa dirección —ampliación del abono de família, revisión de los criterios de acceso a prestaciones sociales—, los datos del INE sitúan la tasa de pobreza infantil todavía por encima del objetivo comprometido.

El ranking del incumplimiento: quién promete más y cumple menos

Si se ordenan los partidos analizados por su tasa de incumplimiento relativa —considerando el tamaño de sus programas y la responsabilidad de gobierno ejercida—, los partidos de gobierno de ambos países presentan índices similares, en torno al 35-40 por ciento de compromisos no cumplidos o cumplidos solo parcialmente. Los partidos de oposición, que no han tenido responsabilidad ejecutiva en el periodo analizado, no pueden ser evaluados por cumplimiento, pero sí por la coherencia entre sus propuestas y sus votos parlamentarios: en varios casos, partidos que prometieron apoyar determinadas reformas votaron en contra cuando llegó el momento.

Lo que dicen los votantes

Hablamos con varios ciudadanos de distintas ciudades españolas y portuguesas que accedieron a reflexionar sobre su experiencia como electores. Sus testimonios, aunque no representativos estadísticamente, ilustran un estado de ánimo extendido.

«Voté pensando en la promesa de la vivienda. Llevo tres años esperando poder alquilar algo que no me cueste más de la mitad de mi sueldo», relata una trabajadora de treinta y dos años en Madrid. «Ya no sé a quién creerle».

En Lisboa, un autónomo del sector de la hostelería resume su posición con concisión: «Prometen en campaña, gobiernan para otros. Eso ya lo sabemos todos. Lo que me sorprende es que seguimos votando igual».

Por qué se abandonan ciertos compromisos

Los analistas políticos consultados señalan varios factores estructurales que explican el incumplimiento sistemático. El primero es la gobernabilidad: en sistemas multipartidistas como el español, los compromisos de campaña deben negociarse con socios de coalición, lo que frecuentemente implica renunciar a parte del programa propio.

El segundo factor es la realidad presupuestaria. Muchas promesas se formulan sin un análisis riguroso de su coste real, y cuando llega el momento de implementarlas, chocan con las restricciones fiscales impuestas por la Unión Europea o con las necesidades de otras partidas.

El tercero, y quizás el más difícil de aceptar para los ciudadanos, es la función retórica de ciertas promesas: formuladas para movilizar votantes durante la campaña, sin intención real de implementación. Identificar cuáles pertenecen a esta categoría es, precisamente, uno de los objetivos del periodismo de verificación.

La deuda democrática pendiente

El incumplimiento electoral no es un fenómeno nuevo ni exclusivo de la Península Ibérica. Pero su documentación sistemática sí es una práctica relativamente reciente, posibilitada por la digitalización de los programas electorales y el crecimiento del periodismo de datos. Que los ciudadanos cuenten con herramientas para rastrear las promesas es, en sí mismo, un avance democrático. El reto es que ese rastreo tenga consecuencias electorales reales.