El agua que no es de todos: privatización, poder y comunidades olvidadas en América Latina

El agua es vida. Es también, cada vez más, un negocio. En América Latina, donde conviven algunas de las reservas hídricas más abundantes del planeta con millones de personas sin acceso regular a agua potable, la gestión de este recurso se ha convertido en uno de los grandes debates políticos del siglo XXI. Detrás de las cifras macroeconómicas y los acuerdos con corporaciones multinacionales, hay comunidades enteras —indígenas, rurales, periurbanas— que ven cómo el grifo se seca o cómo la factura del agua supera su capacidad de pago.

Un derecho reconocido, una realidad contradictoria

En 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano fundamental. Ese mismo año, Bolivia fue uno de los primeros países en incorporar ese reconocimiento a su Constitución, seguido posteriormente por Ecuador y otros estados de la región. Sin embargo, la brecha entre el reconocimiento formal y la realidad cotidiana sigue siendo profunda.

Según datos de la CEPAL correspondientes a 2023, aproximadamente 36 millones de personas en América Latina carecen de acceso a agua potable gestionada de forma segura. La mayoría de ellas viven en zonas rurales o en comunidades indígenas alejadas de los grandes centros urbanos, donde la infraestructura hídrica es escasa o inexistente.

Chile: el laboratorio de la privatización

Ningún caso ilustra mejor las tensiones entre la gestión pública y privada del agua que el de Chile. El país andino es el único del mundo donde el agua está completamente privatizada a nivel constitucional, un legado directo del modelo económico implantado durante la dictadura de Pinochet en los años ochenta. El Código de Aguas de 1981 estableció un sistema de derechos de aprovechamiento que permite a particulares y empresas poseer, comprar y vender el agua como si fuera cualquier otro activo.

El resultado, cuatro décadas después, es paradójico: mientras grandes empresas agroindustriales y mineras acaparan derechos de agua en las cuencas más productivas del país, comunidades campesinas e indígenas del norte y del centro-sur se enfrentan a la escasez crónica. La región de Petorca, en la zona central, se convirtió en símbolo de este desequilibrio: sus acuíferos fueron vaciados en buena medida por plantaciones de paltos destinadas a la exportación, mientras los vecinos recibían agua en camiones cisterna.

El proceso constituyente que culminó en 2022 intentó revertir este modelo, pero la propuesta fue rechazada en referéndum. La discusión política sobre la reforma del Código de Aguas continúa abierta, aunque sin consenso.

Bolivia y Ecuador: nacionalización con matices

En contraste con el modelo chileno, Bolivia y Ecuador optaron por constitucionalizar la gestión pública del agua. Sin embargo, la implementación ha revelado contradicciones importantes. En Bolivia, el gobierno de Evo Morales nationalizó el sector hídrico y amplió el acceso en zonas urbanas, pero las comunidades rurales —especialmente en el altiplano y las tierras bajas— siguen dependiendo de fuentes no tratadas y de sistemas comunitarios con escaso apoyo estatal.

Además, la expansión de la minería y la agroindustria —sectores que el propio gobierno boliviano impulsó como motores del desarrollo— ha generado conflictos por el agua en varias regiones. El caso del río Pilcomayo, contaminado por residuos mineros que afectan a comunidades guaraníes y weenhayek, es uno de los más documentados por organizaciones de derechos humanos.

México y el negocio de las concesiones

En México, la gestión del agua está fragmentada entre el gobierno federal —a través de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)— y los sistemas municipales, muchos de los cuales han sido concesionados a operadores privados. Empresas como Veolia o Aguas de Barcelona han gestionado redes de distribución en ciudades como Saltillo, Navojoa o Aguascalientes bajo contratos de largo plazo.

Los defensores de estas concesiones argumentan que la inversión privada mejora la infraestructura y la eficiencia operativa. Los críticos, en cambio, señalan que el objetivo de rentabilidad entra en conflicto con la obligación de garantizar el acceso universal, especialmente en las colonias periféricas donde la conexión a la red es más costosa.

La Ley General de Aguas, cuyo debate ha generado movilizaciones masivas en México en los últimos años, sigue sin aprobarse en una versión que satisfaga tanto a las comunidades como a los operadores del sector.

Las corporaciones internacionales y el poder de los contratos

Más allá de los casos nacionales, existe una dimensión global que merece atención. Corporaciones como Suez, Nestlé o Coca-Cola han sido señaladas por organizaciones como el Transnational Institute por su papel en la mercantilización del agua en países en desarrollo. A través de contratos de concesión, acuerdos de embotellamiento o la compra de derechos de extracción, estas empresas han logrado posicionarse como actores centrales en la gestión de un recurso que, formalmente, sigue siendo propiedad del Estado.

Los tratados de libre comercio han amplificado este fenómeno: muchos de ellos incluyen cláusulas de protección de inversiones que permiten a las corporaciones demandar a los Estados ante tribunales arbitrales internacionales si consideran que una regulación pública afecta a sus beneficios esperados. El caso de Aguas del Tunari contra Bolivia, que surgió tras la llamada Guerra del Agua de Cochabamba en el año 2000, fue uno de los primeros y más conocidos de este tipo.

Voces desde las comunidades

María Quispe, lideresa de una comunidad aymara en el altiplano boliviano, lo resume con claridad: «El agua siempre ha sido nuestra. La hemos cuidado durante siglos con nuestros sistemas de riego, con nuestras normas comunitarias. Ahora nos dicen que necesitamos un permiso para usarla». Su testimonio, recogido por la organización FIAN Internacional, refleja una tensión que va más allá de la economía: es un conflicto sobre quién tiene derecho a decidir sobre los bienes comunes.

En Chile, en México, en Perú o en Colombia, comunidades indígenas y campesinas han protagonizado protestas, cortes de ruta y acciones legales para defender su acceso al agua. Algunas han logrado victorias parciales ante tribunales nacionales o interamericanos. La mayoría sigue esperando.

¿Qué papel juega la política?

La respuesta a la crisis hídrica en América Latina no es técnica: es fundamentalmente política. Las decisiones sobre quién gestiona el agua, en qué condiciones y con qué prioridades son el resultado de correlaciones de fuerzas, presiones de lobbies empresariales, compromisos electorales y, en demasiadas ocasiones, de la corrupción que rodea la adjudicación de contratos en el sector.

Lo que está en juego es si el agua seguirá siendo un bien común gestionado en función del interés general o si se consolidará como una mercancía más en el mercado global. La respuesta determinará, en buena medida, el tipo de sociedad que construirán las próximas generaciones latinoamericanas.