Diez años de decisiones costosas: los grandes errores económicos de los gobiernos españoles desde 2014

España ha protagonizado en los últimos diez años una serie de decisiones políticas que, lejos de impulsar el desarrollo económico o el bienestar ciudadano, han supuesto un sangrado sostenido de las arcas públicas. Desde megaproyectos que nunca despegaron hasta rescates millonarios de entidades privadas, el Estado ha asumido pérdidas que, en muchos casos, siguen sin estar saldadas. A continuación, examinamos cinco de los episodios más costosos y polémicos del período comprendido entre 2014 y 2024.

1. El legado del ladrillo: los activos del SAREB y la deuda que no cesa

Creado en 2012 como respuesta a la crisis financiera, el banco malo —oficialmente denominado Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB)— acumuló en sus primeros años de funcionamiento una cartera de activos tóxicos valorada en torno a los 50.000 millones de euros. Sin embargo, la gestión de estos activos, que incluían inmuebles, préstamos hipotecarios y suelo urbanizable, ha resultado sistemáticamente deficitaria.

En 2022, el Gobierno de Pedro Sánchez decidió reconocer contablemente las pérdidas de la SAREB como deuda pública, lo que elevó la deuda del Estado en aproximadamente 35.000 millones de euros de manera instantánea. Economistas como el catedrático Santiago Carbó, del Funcas, han señalado que la entidad nunca contó con un modelo de negocio viable a largo plazo. «El SAREB nació con una estructura de capital insuficiente y una cartera demasiado heterogénea para ser gestionada con rentabilidad», explicó en declaraciones recogidas por varios medios especializados.

2. El aeropuerto de Ciudad Real: un proyecto que nunca despegó

Aunque el aeropuerto de Ciudad Real fue inaugurado en 2008, sus consecuencias jurídicas y económicas han seguido lastrando al erario público durante la última década. Construido con una inversión cercana a los 1.100 millones de euros, estuvo operativo apenas tres años antes de declararse en quiebra. Tras años de pleitos y subastas fallidas, fue finalmente adquirido por un fondo emiratí en 2015 por tan solo 56,2 millones de euros.

Las administraciones públicas —tanto la regional como la estatal— avalaron parte de su financiación y asumieron costes derivados de las reclamaciones judiciales. El caso se convirtió en símbolo del exceso inversor de la era del boom inmobiliario y de la falta de evaluación rigurosa de la demanda real de infraestructuras.

3. La financiación de las autopistas radiales: el rescate que nadie quería pagar

Entre las decisiones más polémicas de la última década figura el rescate de las autopistas radiales de Madrid. Estas vías de peaje, construidas bajo el paraguas de concesiones privadas durante los años 2000, quebraron al no alcanzar los niveles de tráfico proyectados. El Estado, como garante último de las concesiones, se vio obligado a hacerse cargo de la deuda contraída.

Según datos del Tribunal de Cuentas, el coste total del rescate superó los 5.000 millones de euros, una cifra que los contribuyentes españoles han tenido que asumir sin haber recibido ningún beneficio directo de su uso. La Plataforma en Defensa del Transporte Público criticó en su momento que los contratos de concesión incluían cláusulas de responsabilidad patrimonial que blindaban a los inversores privados frente a cualquier escenario adverso.

4. El sistema de cita previa en la Administración: millones invertidos, ciudadanos desatendidos

Durante la pandemia y en los años posteriores, el Gobierno central y diversas comunidades autónomas invirtieron cientos de millones de euros en la digitalización de los servicios públicos. Sin embargo, la implementación del sistema de cita previa generalizado —especialmente en la Seguridad Social, el SEPE y la Dirección General de Tráfico— generó una oleada de críticas ciudadanas y, en algunos casos, derivó en gasto duplicado al tener que contratar soluciones alternativas de emergencia.

El Defensor del Pueblo recibió miles de quejas entre 2021 y 2023 por la inaccesibilidad de los servicios públicos. Según un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), varios contratos tecnológicos relacionados con estos sistemas presentaban sobreprecios o condiciones que no se ajustaban a las mejores prácticas de contratación pública.

5. Las ayudas al sector del automóvil: subvenciones sin retorno garantizado

El Plan MOVES III, junto con otras líneas de ayuda para la transición hacia el vehículo eléctrico, movilizó más de 1.500 millones de euros entre 2021 y 2024. Aunque el objetivo medioambiental es legítimo, múltiples informes han cuestionado la eficacia real de estas subvenciones: buena parte del dinero fue captado por compradores de rentas medias-altas que habrían adquirido el vehículo de todas formas, mientras que las clases populares, con menos capacidad de inversión inicial, quedaron en gran medida excluidas.

Economistas del think tank FEDEA han calculado que el coste por tonelada de CO₂ evitada a través de estas ayudas resulta muy superior al que se obtendría mediante otras políticas de descarbonización, lo que pone en duda la eficiencia del gasto realizado.

Un patrón que se repite

Más allá de los casos individuales, lo que revelan estos episodios es la existencia de un patrón estructural: la ausencia de evaluaciones de impacto previas rigurosas, la debilidad de los mecanismos de control parlamentario y la tendencia a socializar pérdidas privadas mientras se privatizan los beneficios. La AIReF, creada precisamente para corregir estas disfunciones, ha mejorado la supervisión del gasto público, pero su capacidad de intervención sigue siendo limitada.

El coste político de estas decisiones raramente se traduce en consecuencias directas para sus responsables, lo que perpetúa la sensación de impunidad. Mientras tanto, son los ciudadanos quienes, año tras año, financian con sus impuestos los errores de quienes fueron elegidos para gestionarlos con prudencia.