La decisión fue emitida el 19 de diciembre por la jueza Bernice Siegal, del Tribunal Supremo del condado de Queens, en el caso de Leileth Faye Graham, una víctima de derrame cerebral que, irónicamente, trabajó durante años como secretaria legal en el despacho Shearman & Sterling, firma que representó a Citibank durante décadas.
La magistrada sancionó al banco con $10,000 por ocultar pruebas críticas durante más de 14 meses en violación de órdenes judiciales y, además, aplicó daños triplicados conforme a la Ley de Transferencias Electrónicas de Fondos, luego de que Citibank se negara a reembolsar los más de $772,000 robados de las cuentas de Graham.
Cómo ocurrió el fraude
Según los documentos judiciales, una sobrina de Graham, Joan Hope Bowden, realizó 211 retiros en Massachusetts, estado que la víctima nunca visitó debido a que se encontraba ciega legalmente y postrada en cama.
De esos movimientos, aproximadamente $135,000 fueron sustraídos mediante retiros y otros $638,000 mediante 15 transferencias electrónicas.
El dinero robado fue utilizado para pagar vacaciones en Jamaica, comprar una propiedad en
Washington D.C. para la hija y el yerno de la acusada, además de repartir efectivo a otros familiares, determinó un evaluador designado por el tribunal.
“¿De verdad Citibank no vio esto? Esto no es normal. La llamaban, no la encontraban y aun así seguían procesando las transacciones”, cuestionó la sobrina de la víctima, Ingrid Gayle, quien actualmente supervisa su cuidado.
El fallo judicial y su impacto
El tribunal concluyó: “Si Citibank hubiera seguido correctamente sus propios protocolos de seguridad tras los retiros en cajeros automáticos, la cuenta habría sido marcada y se habrían evitado las transferencias posteriores”.
El abogado Raymond Dowd, representante del tutor legal de Graham, calificó el caso como histórico: “Este caso cambia las reglas para todas las instituciones financieras en Nueva York, porque establece claramente que el banco es responsable de las transacciones no autorizadas. La carga de la prueba recae en el banco, no en el consumidor. Esto es enorme”.